Mentiras, declaraciones de dudoso rigor, atribución de delitos y palabras con fuerte carga semántica negativa: una radiografía desde el análisis crítico del discurso a partir de dos noticias que refieren sendos desahucios

Por Laura L. David/ València

¿Es lícito pelear para que no te echen de la casa en la que vives, sea cuáles sean tus condiciones? ¿Tenemos todas derecho a techo, a vivir en un hogar? Según algunas informaciones periodísticas, podría inferirse que algunas personas tienen más derecho que otras a tener una vivienda. Es lo que se observa en Rosi, el símbolo antidesahucios de Argumosa, tiene una propiedad a su nombre en Valencia y Ruth, la falsa desahuciada de Podemos, también okupa cuatro aparcamientos, donde se nos muestra a dos mujeres que, a juicio de Antena 3 y El Mundo, le han hecho trampas al sistema para poder vivir y, por tanto, no “merecen” tener una vivienda digna a un precio asequible.

Rosi y Ruth van a ser desahuciadas, pero los medios se empeñan en dejarlas retratadas como dos trileras, dos “malas pobres” -usando la terminología del sociólogo Albert Sales-, poco disciplinadas, que no han actuado como debieran para acceder a una vivienda social, peleando en definitiva por una ayuda que según la televisión y el rotativo ninguna de las dos mujeres merecen.

En ambas noticias, además, no se hace ningún esfuerzo en poner los casos de Rosi y Ruth en contexto, ni se hace ninguna mención a la crisis habitacional generalizada que vive el estado español, en el que en 2018, según datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha habido más de 70.000 desahucios, siendo además dos de cada tres por no poder pagar el alquiler. Lejos de esto, las dos noticias comparten una lectura moralizante, así como el uso tendencioso del lenguaje, la mirada frívola y sensacionalista y falsedades que contribuyen a la culpabilización de las personas afectadas por la pérdida de vivienda en general y, en particular, a la criminalización de Rosi y Ruth.

La falsa “casa cerca de la playa” en un pueblo industrial / En el caso de Rosi, que estuvo afectada por el desahucio de Argumosa 11, Antena 3 decidió montar una pieza en la que se aseguraba que la mujer tenía una segunda propiedad “cerca de la playa” para justificar que estaba aprovechándose de la situación. Primera mentira. En realidad, dicha casa era una hipoteca impagada que estaba en proceso judicial desde hacía varios años pero seguía a su nombre en el registro. Y así lo manifiesta Rosi en el portal de su casa de Argumosa 11, cuando es abordada por una reportera. “Se ha perdido ya, se lo ha quedado el banco”, dice. Sin embargo, lo que dijo Rosi no pareció importar, puesto que el canal mantuvo el bulo, con el consiguiente desencadenamiento de trolls haciéndose eco en redes de él para ir contra los pobres, funcionando la noticia como un mecanismo de división entre los propios pobres (pobres, pero que sí pagan su hipoteca enfrentados contra otros pobres en situación precaria que no pueden afrontar el pago de la renta).

Una infografía y la voz en off de la noticia se encargan de resaltar que la supuesta segunda residencia de Rosi es un dúplex, de 78m2, con garaje y trastero, que como VPO costó 78.000 euros, pero que hoy libre "vale más de 90.000 €", a pesar de que Rosi no lo puede vender porque no es suyo.

En cualquier caso, es muy significativo que la noticia de Antena 3 remarque que la vivienda esté "cerca de la playa", ya que en realidad la casa está ubicada en Albal, que no es un municipio con playa, por mucho que se halle en la provincia de València y geográficamente esté más cerca de la costa que el despacho del jefe de informativos de la televisión en Madrid. Albal no es una localidad de las consideradas turísticas, sino un pueblo industrial. Entre Albal y la primera playa potable (la de El Saler, por ejemplo) hay unos 20 km y 20 minutos. Por tanto, segunda mentira que se une a la primera para instalar la creencia de que Rosi es una privilegiada con una segunda residencia cerca del mar.

La importancia de las fuentes y las imágenes / La idea de “la casa en la playa” se refuerza, además, con un testimonio anónimo y una potente imagen construida a conciencia. En el tramo final de la pieza, se incluye una declaración de alguien a quién no conocemos porque no se identifica ni con su nombre ni con la organización a la que representa (se sobreentiende que es una pretendida voz autorizada del sector inmobiliario o jurídico) que habla en una localización con la playa de fondo para afirmar (ante una pregunta de la periodista que desconocemos porque no se incluye en el vídeo): “si se tiene la segunda vivienda, lógicamente, se tiene la capacidad para llevar a cabo otro alquiler".

Esa declaración, aparte de la de Rosi, es la única que aparece en la pieza y el hecho de que se ubique en el segmento final del vídeo no es baladí, pues este extracto con el mar de fondo funciona como cierre y apuntala una de las ideas principales que la noticia quiere destacar para desacreditar la necesidad habitacional de Rosi: que la señora que no tiene “a dónde ir” en realidad tiene “una casa cerca de la playa” y ése es uno de los últimos recuerdo que la audiencia tiene de esta pieza. La locutora remata diciendo que "los propietarios de las viviendas denuncian que Rosi y sus familiares ocupan ilegalmente 7 pisos del edificio".

El uso de la imagen es también importante en la pieza de El Mundo que explica el caso de Ruth Mélida. Para ilustrar una noticia en la que la llaman “falsa desahuciada”, el diario usa una foto con la mujer cogida de las manos de un diputado de Podemos, partido al que además se la vincula políticamente en el titular. Una militancia atribuida que en ningún caso es relevante para entender la noticia, pero que contribuye a construir un perfil político de la protagonista alejado del de las personas que leen El Mundo.

En este caso, se usa la supuesta suplantación de personalidad llevada a cabo por la desahuciada como argumento de que ésta pretendía delinquir. Esto a pesar de que la propia Mélida explica que era una práctica habitual que el fondo buitre les invitaba a realizar para poder optar a un contrato.

“Falsa” e “ilegal”: la sentencia mediática / Otro elemento que completa el rechazo a empatizar con la situación por la que pueda estar pasando Ruth es el uso del lenguaje connotado que se hace desde el periódico de Unidad Editorial. Los verbos tiene una fuerte carga: Mélida se “beneficia” de una vivienda de protección oficial y “celebra un suspensión temporal del desahucio”. El verbo “ocupar” aparee cuatro veces y el sustantivo “okupar”, una. Además, el redactor usa frecuentemente el adjetivo ilegal y sus derivados. Así, el adverbio ‘ilegalmente’ dos veces (ella “vive ilegalmente” y sus coches o los de su familia “ocupan ilegalmente” las plazas de garaje) para describir las acciones de Ruth, mientras que el adjetivo ‘ilegal’ (se mete en el piso de “forma ilegal” y el uso de la plaza es “ilegal) aparece tres veces. Por cierto, quien considera ilegal todas estas acciones es Lazora, el fondo de inversión propietario de la vivienda de la que van a desahuciar a Ruth, y la única fuente de información que cita el periodista en su noticia. Además, para el redactor Ruth es una “falsa” desahuciada (nos avisa ya en el titular) y tiene un “falso” relato, emitiendo una sentencia mediática que la estigmatiza y criminaliza. Como es sabido, las sentencias las debe emitir un juez o jueza. Además, en la misma pieza queda claro que como mínimo el relato de Mélida y el fondo buitre son contradictorios, puesto que según el comunicado de la plataforma de afectados que se incluye en la noticia era el fondo quien precisamente “ofrecía la posibilidad de simular contratos para que las familias pudieran acceder a las casas”. Sin embargo, el redactor y el periódico para el que trabaja deciden dan por bueno el relato de una de las partes, dejando publicado el retrato de una okupa que se aprovechó de una amiga a quien usurpó el nombre para conseguir un piso y cuatro plazas de garaje.