Por Beñat Oiartzabal Goia
Vitoria-Gasteiz Euskadi es una de las CCAA con mayor número de policía autonómica por cada 100 mil personas junto a Madrid; cuenta con 362 ertzainas por cada 100 mil habitantes, sin contar fuerzas de seguridad del Estado o policías municipales. Si contabilizáramos el número de agentes totales, esta cifra subiría hasta los 669 por cada 100 mil. Esto supone un total de 15 mil agentes armados solo en la C.A. de Euskadi sumando Ertzaintza, Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional. De todos los cuerpos de seguridad la Ertzaintza es la que cuenta con mayor presencia, en la actualidad alcanza los 7.200 agentes, lejos de los casi 8.100 que contó en 2011. Le siguen los más de 2.300 efectivos de la Guardia Civil y los más de 1.300 agentes de la Policía Nacional.
Estas cifras colocan a Euskadi, según Eurostat, en la región con más policías per cápita de Europa, con 6,9 por cada 1000 persona, por delante de Montenegro con 6,4; la media de España está en 5,3 policías por cada 100 personas.
Estos datos distan de las recomendaciones de Europa, en las que aconsejan una ratio de dos policías por cada 1000 habitantes. No obstante, es palpable que ni las políticas ni las voluntades de la administración vasca se acercan. Por un lado, el sindicato de la
Ertzaintza ESAN señala la pérdida -estimada- de 3000 agentes que el cuerpo autonómico sufrirá en su plantilla en los próximos años; por otro lado, el Gobierno Vasco no ha parado de convocar OPEs desde el 2014 para cubrir las bajas graduales y las
consiguientes “urgencias organizativas”.
Las urgencias que declaran desde el sindicato, sin embargo, no convergen con las urgencias sociales que denota la sociedad vasca. Diez años después del cese definitivo de la actividad armada de ETA y cuatro años después de su desaparición, el número de
agentes per cápita en Euskadi sigue siendo muy elevado; es más, como se ha avanzado en las líneas que preceden, la Consejería de Seguridad ratifica la lógica adoptada a partir de 2014 de convocar sucesivas oposiciones a Ertzaintza. Esta voluntad de
aumentar el número de funcionarios del departamento de Seguridad no ha sido acompañada por convocatorias para plazas en el departamento de Educación o Sanidad, pero tampoco para las competencias descentralizadas a Diputación y Ayuntamientos como los servicios sociales.
La excesiva policialización de la sociedad vasca viene, asimismo, acompañándose de una disminución de profesionales del ámbito socioeducativo-sanitario. Si más no, de descuidar las plantillas con altas tasas de interinidad y, por consiguiente, de provocar
situaciones de precariedad laboral para quienes ejercen en estos sectores que conforman los pilares del Estado de Bienestar. Esta policialización de los social repercute en el comportamiento de ciudadanas y de ciudadanos de diferentes estratosy/o colectivos sociales, en el uso del espacio público de estas personas y en la manera en la que se organizan y se relacionan, entre otras; sin embargo, su presencia es, al mismo tiempo, capaz de transformar las necesidades de la población, así como de los
modos de resolver los conflictos.
En este contexto de reconversión de lo social, pero también de tránsito para la convivencia y la normalización posterior al conflicto armado, se están engendrando experiencias comunitarias interesantes, especialmente en la capital vasca: Vitoria- Gasteiz. Todas ellas son fruto de esfuerzos vecinales, acompañadas algunas de actividades promovidas por las diferentes administraciones; no obstante, la mayoría nacen como contrapoder. Casualmente, además, la inmensa mayoría se sitúan en la zona sudeste de la ciudad, entre los barrios de Adurtza, Judimendi, Santa Lucia y Errekaleor.
El primero de los ejemplos se sitúa en el último de los barrios mencionados: Errekaleor. El barrio ubicado en las afueras de la ciudad, construido en la década de los 50 del siglo pasado de la mano del desarrollo industrial de la ciudad. Entrado en los 2000, el barrio
pasó a ser foco de reorganización urbanística; así, entre el 2002 y el 2012, fue vaciándose gradualmente. Aprovechando dicha situación, y dado el problema habitacional, estudiantes de la EHU comenzaron a okupar viviendas tras previo estudio de viabilidad. Actualmente son cerca de 120 persona quienes forman parte del proyecto: tomando la autogestión como eje, abogan por un desarrollo colectivo que acabe con la mercantilización de diferentes áreas, así como de los procesos de gentrificación. Se organizan en asambleas generales en los que tratan diferentes temáticas, en los que también participan otros actores que trabajan en el barrio. En todos estos años han tenido que hacer frente a los procesos judiciales y a los múltiples intentos de desalojo, además de seguir en pie el objetivo de derribar el barrio.
Al otro lado de las vías del tren, en el barrio de Judimendi, se encuentra SUmendi Espazioa. Se trata de un espacio autogestionado que cuenta con 6 años de recorrido. El local se okupó en el contexto de la festividad del barro y tuvieron que invertir cuatro
meses para ordenar el garaje a escondidas. No obstante, tras un llamamiento a la comunidad, en un trabajo de “auzolan” acabaron las labores para poder ofrecer dicho espacio al barrio. En todos estos años han realizado diferentes actividades: trabajos comunitarios, talleres, comidas, conciertos, encuentros, formaciones, actividades culturales y mercados de artistas. Aunque los y las jóvenes sean el eje del proyecto - pues una de las reivindicaciones históricas de la asamblea juvenil ha sido la necesidad
de un espacio juvenil-, también hay espacio para niñes y adultos, con ánimo de crearuna red intergeneracional. Al igual que Errekaleor, SUmendi también sufrió un desalojo; sin embargo, al cabo de dos días volvió a okuparse.
Volviendo al problema de la vivienda, en otoño de 2019 surgió el Sindicato de Vivienda de Gasteiz. En él trabajan la problemática de la vivienda junto con otras relacionadas con los bienes de subsistencias; tales como luz, gas y agua. Entre sus objetivos se encuentra socializar el programa comunista en el ámbito de la vivienda; expandir la organización comunista organizando a todo tipo de sectores y demostrar la efectividad de la organización comunista desarrollando algunos conflictos en el ámbito de la vivienda. Cuenta con recursos sindicales y actúan en casos de desahucios, falta de vivienda o problemas con los caseros. En 2021, según informaciones del Diario de Noticias de Álava, en los primeros cuatro meses del año se dio un desahucio cada tres días, un total del 40.
El sindicato se encuadra en otro movimiento social con cada vez mayor peso entre los y las jóvenes vascas: Kontseilu Sozialista. Este Consejo, como lo indica su nombre, ha desarrollado recientemente una red de autodefensa laboral para acabar con las bajadas
salariales, el desempleo estructural, trabajos sin contrato y no remunerados, despidos, etc. La inmensa mayoría de estos jóvenes, empero, militan en un nuevo movimiento que está capitalizando a toda esa gente desafecta, no solo con las crisis y la precariedad,
sino con las alternativas que las diferentes formaciones políticas, pero en especial la izquierda independentista, ofrecen actualmente y que se llama Gazte Kordinadora Sozialista (GKS). Cuenta con una propuesta política disponible en su web.
Desde el plano institucional, el Gobierno Vasco, el Gobierno Foral de Nafarroa y Euskal Elkargoa, bajo la gestión de Euskaltzaleen Topagunea, promovieron en 2018 un ejercicio social masivo para cambiar los hábitos lingüísticos de los vascos y vascas. Este
ejercicio colectivo llevó a crear grupos de trabajo locales (Auzo Batzordeak) en los que vecinos y vecinas participan para analizar la situación del euskara en el territorio y promueven actividades para la su promoción. En el barrio de Adurtza el grupo de vecinas ha sido capaz de organizarse hasta el punto de realizar reuniones asiduas.
Olarizuko Euskaraldia ha llevado a cabo diversas actividades ubicadas en el barrio por iniciativa propia por y para la comunidad, en especial, dirigido a niñes y jóvenes: talleres, quedadas grupales y conciertos en el espacio público. Esta iniciativa difícilmente podría
llevarse a cabo sin la participación de la Asamblea Juvenil de Olarizu (Adurtza), cuyo objetivo es revivir el barrio.Todas estas experiencias, si bien diferentes, comparten varias características en común. Nacen, mayoritariamente, del tejido de redes comunitarias con el objetivo de habitar la calle y revitalizar el barrio. Para ello ocupan los espacios públicos, desarrollando diferentes actividades con el objetivo de tejer nuevas redes humanas y hacer comunidad. Todo ello impulsa una nueva forma de democratizar los espacios públicos y permite desarrollar diferentes maneras de hacer frente a conflictos y necesidades que surgen como consecuencia de la actividad urbana.